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La Comisión Europea acaba de publicar las directrices que deberán seguir los países miembros para elaborar los planes de asignación de los derechos de emisiones contaminantes previstos en la directiva que da cumplimiento al Protocolo de Kyoto. El Gobierno español, como el resto de los países de la UE, está elaborando una plan que debe someter al examen de Bruselas antes del 31 de marzo de este año. El reparto de emisiones ya ha desatado una batalla nada sorda entre los principales sectores afectados, como el eléctrico y las actividades con uso intensivo de energía. Según la guía publicada el pasado 12 de enero, Bruselas dejará libertada a los Estados para jerarquizar los 11 criterios (desde el potencial de reducción de emisiones a la apertura del mercado de emisiones) que debe cumplir el plan de asignaciones. La Comisión no tolerará, en cambio, ningún plan que suponga una discriminación entre compañías o sectores participantes. Cada plan nacional deberá contener una mención expresa al tratamiento que se concede al uso de tecnologías más limpias, así como deberá tomar en cuenta el coste que supone para cada actividad reducir su efecto contaminante. Cada país deberá detallar la lista de plantas industriales afectadas por el plan de emisiones.

Una de las cuestiones prioritarias de la UE en materia medioambiental para este semestre será la gestión efectiva de los residuos y la regulación de las sustancias químicas, además de la lucha contra el cambio climático. Precisamente los detalles sobre el futuro mercado europeo de derecho de emisiones tendrán que definirse en estos primeros meses de 2004 con el objetivo de que la UE cumpla los compromisos adquiridos según el Protocolo de Kyoto. En estos momentos, la propuesta sobre evaluación, autorización y registro (REACH) se encuentra sobre la mesa de trabajo debido a la difícil conciliación de intereses de la industria con la protección medioambiental.

La Comisión Europea anunció el pasado 13 de enero que ha decidido llevar a España al Tribunal de Justicia “debido a los defectos que presenta la legislación española” en la aplicación de una directiva de 1997 que obliga a todos los proyectos de construcción de infraestructuras presentados a partir del 14 de marzo de 1999 a realizar un informe en el que se evalúe el impacto ambiental de las obras. El Ejecutivo comunitario señala que en España la norma ha afectado a los proyectos presentados a partir del 8 de octubre de 2000, un año después de lo estipulado. Además, estima que la normativa española “no da garantías para la debida información pública sobre las decisiones”.

El departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha puesto en marcha un plan de inspección y control para reducir los riesgos ambientales de la industria, que incluye inspecciones en empresas con potencial contaminante o ubicadas cerca de áreas de interés medioambiental. Responsables de dicha consejería presentaron el pasado 8 de enero el Plan de Inspección y Control Ambiental diseñado para el periodo 2003-2007 con el doble objetivo de favorecer la protección del medio ambiente a través del cumplimiento de la legislación en la materia, y de desarrollar una labor preventiva en este campo mediante mayores controles. El consejero indicó que se pretende también combatir el denominado “dumping ecológico” y favorecer la igualdad de condiciones entre empresas. En el marco del primer programa, se han escogido varios sectores para el desarrollo de las inspecciones, entre ellos los de química, gestores de residuos peligrosos, fundición y pasta y papel (unas 24 plantas a inspeccionar).

La compañía Smurfit España propondrá al consejo de administración de su filial Papelera Navarra que presente una oferta pública de adquisición (OPA) sobre sus propias acciones a un precio de 20,75 euros por título, con el fin de excluir de Bolsa a esta compañía. La realización de la OPA está supeditada a su aprobación por el consejo de administración y la junta de accionistas de Papelera Navarra, así como por la CNMV. De acudir a la oferta todas las acciones que no posee Smurfit, 153.153 títulos, la compañía tendría que abonar 3,18 millones de euros.

Están circulando rumores en los medios de comunicación portugueses sobre que Stora Enso está en negociaciones con Sonae para optar al 25% de Portucel. Un portavoz de la empresa escandinava declinó hacer comentarios, mientras que el representante de Sonae dijo que “no tenemos idea de dónde provienen tales rumores”. Los rumores de todo tipo se han disparado desde que el gobierno portugués anunció la venta del 30% de Portucel a 1,45 euros/acción a finales de diciembre. El plazo de ofertas se cerrará el 11 de febrero. Los medios de comunicación portugueses también han sugerido que Sonae presentará una oferta y que ha acordado vender el 30% a Stora Enso si la oferta tiene éxito.

Iberpapel ha constituido la sociedad Zicupap, una compañía que, con un capital social de 60.200 euros, estará participada al 100% por la sociedad papelera. Según informó el pasado 3 de enero a la CNMV, el objeto social de la nueva compañía será también la compraventa y la comercialización de papel y cartón. En otro orden de cosas, el grupo Iberpapel ha acordado la distribución de un dividendo de 0,13 euros netos por acción (0,15 euros brutos) a cuenta de los resultados del ejercicio 2003, que se hará efectivo a partir del próximo 26 de enero. La distribución de este dividendo ha sido acordado por el Consejo de Administración de Iberpapel Gestión el pasado 8 de enero y se hará a través del BBV.)

Smurfit-Stone Container Corp anunció el pasado 9 de enero su decisión de parar la actividad en cuatro factorías norteamericanas, como parte de la estrategia de la empresa de racionalizar operaciones y frenar costos en respuesta a las condiciones del mercado, según ya había anticipado en octubre de 2004.

La Comunidad Autónoma Vasca no aprueba en todos los campos del cuidado y respeto al medio ambiente, según se pone de manifiesto en la primera Encuesta sobre Hábitos Medioambientales realizada por la consejería del ramo y la sociedad pública Ihobe. Así, el informe revela, entre otros datos, que la emisión de gases de efecto invernadero en Euskadi se situó durante el año pasado 13 puntos por encima del límite máximo establecido por el Protocolo de Kyoto. Hoy son 300 las empresas vascas certificadas en la norma medioambiental ISO 14001. El Gobierno vasco pretende llegar a 600 sociedades certificadas en 2006.

La Memoria Medioambiental de Red Eléctrica de España (REE) ha obtenido el premio concedido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en su segunda edición, por la alta calidad de su contenido y por los criterios seguidos en su elaboración. La memoria ha sido elaborada en colaboración con la Fundación Entorno. El Jurado y el Comité Técnico de los premios han valorado especialmente la relevancia, transparencia y claridad de la información publicada por la empresa, así como la estructura de la memoria y los indicadores medioambientales incluidos en la misma. Los presentes premios se conceden siguiendo los criterios ya establecidos por el European Sustainability Reporting Awards (ESRA), que vienen celebrándose desde 1994 con el apoyo de la Comisaria Europea de Medio Ambiente. Red Eléctrica, como ganadora en esta edición presentará su candidatura a los premios europeos que concede esta entidad.

La Comisión Europea ha enviado a España un apercibimiento por escrito en el que exhortando a transponer correctamente en la legislación nacional la ley comunitaria relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes industriales graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Esta ley comunitaria, conocida como Directiva Seveso II, pretende evitar o minimizar las consecuencias de accidentes industriales graves a través de una serie de medidas preventivas. La Comisión considera que la legislación española no ofrece la protección adecuada para el público ni para el medio ambiente. Particularmente, incumple los requisitos de la Directiva en relación con los planes de emergencia, el control de la urbanización, la información pública y las inspecciones. El plazo para la adopción y la notificación a la Comisión de la legislación nacional necesaria expiró el 3 de febrero de 1999.

Desde el 1 de enero y tras dos años de negociación, las cuatro organizaciones empresariales de fabricación y transformación de papel de Gran Bretaña se agrupan en una Confederación de Industrias Papeleras (CPI). Las cuatro organizaciones son: La Asociación de fabricantes de Tisú (AMSTP), la Asociación de Embalaje de Cartón Ondulado (CPA), la Federación Papelera de Gran Bretaña y la Asociación de Papel Recuperado británica (BRPA). Aunque cada organización mantiene su propia identidad, funcionarán como órganos sectoriales dentro de CPI para proteger y gestionar aquellos temas y actividades que se consideren comunes.

El 1 de febrero próximo el STFI-Packforsk se unirá a PFI. Esta unión está diseñada para crear una cuerpo investigador internacionalmente competitivo, basado en los servicios de I+D que ambas entidades ofrecen al sector forestal. Las actividades cubren desde tecnología de pasta y papel a embalaje e impresión.

Los stocks en poder de los productores del Grupo Norscan, aumentaron en diciembre de 2003 52.000 Tm alcanzando la cifra de 1.840.000 Tm, correspondiente a 28 días de producción. Esta cifra es considerablemente mayor que la media de este mes en los últimos cinco años, cuyo aumento venía siendo de 5 a 10.000 Tm. El índice de utilización de la capacidad ha sido alto en el año, en torno al 93%. Este mes es el último en que aparecen las estadísticas del Grupo Norscan, ya que a partir de enero serán sustituidas por “Global Pulp Statistics”, en que se incluirán datos de más países.

Se acaban de hacer públicos los datos de diciembre, correspondientes a consumos y stocks de pastas de mercado en los diez países que forman Utipulp. Se han consumido 1.125.628 Tm, que suponen un aumento del 3,7% respecto a 2002. En el año completo, el consumo ha sido de 14.663.455 Tm, con un crecimiento del 2,6%. Los stocks por su parte (1.291.221 Tm) aumentaron el 10% y corresponden a 30 días de consumo.

La Comisión Europea ha preparado una propuesta de modificación del sistema actual de las restituciones que contempla varios aspectos: reducción del plazo de validez de los certificados, método de cálculo de la cuantía de las restituciones, variación del tope (posiblemente ampliándolo), y diferenciación de la cuantía según el tipo de almidón, maíz y fécula. Este tema afecta seriamente a toda la industria papelera europea, principal utilizador de almidón y, una vez más, cada Asociación nacional se ha dirigido a sus gobiernos respectivos y CEPI a la Comisión Europea, planteando su postura ante esta iniciativa para evitar que se afecte negativamente a la competitividad frente a países terceros.

El proyecto Edufores enfocado a la formación forestal de un amplio colectivo de estudiantes y formadores y entroncado en el sistema educativo, va dirigido a adolescentes de entre 8 y 11 años, de 3º y 4º de Primaria. El objetivo es transmitir las funciones y los valores del bosque, la gestión forestal sostenible y su relación con el ciclo de sostenibilidad del papel. Se trata de una experiencia piloto, con alcance a 44.000 niños, llevada a cabo por ASPAPEL con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación. Los trabajos se han llevado a cabo entre septiembre y noviembre de 2003 y han desembocado en la confección de un maletín que contiene una Unidad didáctica titulada “El Bosque. Uso sostenible de los recursos forestales”, un CD con juegos, un cómic, una baraja de cartas y un video, que se distribuirá entre los formadores en los próximos meses. Se invita a aquellos formadores interesados a que contacten con ASPAPEL para conseguir ejemplares del maletín.

El próximo 27 de enero, el IPE celebrará una reunión informativa, reservada a sus empresas asociadas, en que se repasarán las novedades reguladoras que se han producido en los últimos meses, así como otras cuestiones relevantes de este importante tema.

La segunda edición del proyecto SGM Papel ha completado la fase de diagnóstico, y el próximo 28 de enero tendrá lugar una reunión de las empresas que han manifestado interés en implantar un Sistema de Gestión Medioambiental que pueda ser certificado por una tercera parte, para planificar las siguientes etapas de diseño del Sistema, tales como la preparación de procedimientos, documentación y formación.

El Ministerio de Medio Ambiente ha remitido a ASPAPEL para comentarios del borrador de Reglamento que desarrolla la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Se pretende fundamentalmente facilitar la tramitación de los expedientes administrativos de las Autorizaciones Ambientales Integradas mediante la clarificación de algunos conceptos muchas veces pedidos por las empresas. El Ministerio ha querido incorporar, de forma concreta, las exigencias de notificación de información y datos con los formatos necesarios para la transmisión a la UE, muchas veces requerido por industria y administraciones, y siempre necesario para unificar y simplificar criterios.